QUITO (AP) - Los canales de televisi贸n y las radiodifusoras deber谩n regirse desde el mi茅rcoles por un decreto presidencial que prohibe la difusi贸n de grabaciones clandestinas, medida que ha merecido cr铆ticas de diversos sectores y que incluso ser谩 demandada como inconstitucional por el Congreso.
El decreto, que constituye una reforma al reglamento de la Ley de Radio y Televisi贸n, fue emitido el 10 de julio por el presidente Rafael Correa y el mi茅rcoles fue publicado en el registro oficial con lo que su aplicaci贸n es inmediata.
El medio de comunicaci贸n que viole la disposici贸n recibir谩 sanciones administrativas que pueden ser desde multas econ贸micas hasta el retiro de la frecuencia otorgada al medio.
La reforma fue ideada por el gobierno a ra铆z de la difusi贸n en televisi贸n de fragmentos de videos grabados clandestinamente donde aparecen ministros de Estado en reuniones privadas. Tambi茅n en las 煤ltimas semanas se difundieron conversaciones telef贸nicas privadas de funcionarios p煤blicos sobre temas pol铆ticos.
El primer video difundido por un canal de televisi贸n, en lo que va del gobierno que empez贸 hace seis meses, lo entreg贸 al medio un ex asesor del Ministerio de Econom铆a y revel贸 un encuentro privado del titular de esa cartera, Ricardo Pati帽o, con asesores de la deuda externa.
El gobierno sostuvo que esa grabaci贸n la realiz贸 el propio ministro con autorizaci贸n del presidente con el objetivo de revelar supuestos manejos irregulares de la deuda externa por parte de negociadores internacionales.
El decreto presidencial aclara que las grabaciones deben ser realizadas por los propios medios de comunicaci贸n, con lo que se deja fuera de uso a las grabaciones realizadas por terceras personas y que suelen ser enviadas a la prensa como denuncias.
Asociaciones que agrupan a medios de comunicaci贸n y gremios period铆sticos han expresado su rechazo al decreto por considerar que atenta contra la libertad de expresi贸n y han anticipado que no acatar谩n la reforma a la ley.
Con el voto de 56 de 79 diputados presentes, de los 100 que integran el Congreso unicameral, los legisladores resolvieron demandar ante el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad del decreto de Correa.
El Tribunal Constitucional es el m谩ximo 贸rgano que determina la legalidad de decisiones y resoluciones.