QUITO (AP) - Los canales de televisión y las radiodifusoras deberán regirse desde el miércoles por un decreto presidencial que prohibe la difusión de grabaciones clandestinas, medida que ha merecido crÃticas de diversos sectores y que incluso será demandada como inconstitucional por el Congreso.
El decreto, que constituye una reforma al reglamento de la Ley de Radio y Televisión, fue emitido el 10 de julio por el presidente Rafael Correa y el miércoles fue publicado en el registro oficial con lo que su aplicación es inmediata.
El medio de comunicación que viole la disposición recibirá sanciones administrativas que pueden ser desde multas económicas hasta el retiro de la frecuencia otorgada al medio.
La reforma fue ideada por el gobierno a raÃz de la difusión en televisión de fragmentos de videos grabados clandestinamente donde aparecen ministros de Estado en reuniones privadas. También en las últimas semanas se difundieron conversaciones telefónicas privadas de funcionarios públicos sobre temas polÃticos.
El primer video difundido por un canal de televisión, en lo que va del gobierno que empezó hace seis meses, lo entregó al medio un ex asesor del Ministerio de EconomÃa y reveló un encuentro privado del titular de esa cartera, Ricardo Patiño, con asesores de la deuda externa.
El gobierno sostuvo que esa grabación la realizó el propio ministro con autorización del presidente con el objetivo de revelar supuestos manejos irregulares de la deuda externa por parte de negociadores internacionales.
El decreto presidencial aclara que las grabaciones deben ser realizadas por los propios medios de comunicación, con lo que se deja fuera de uso a las grabaciones realizadas por terceras personas y que suelen ser enviadas a la prensa como denuncias.
Asociaciones que agrupan a medios de comunicación y gremios periodÃsticos han expresado su rechazo al decreto por considerar que atenta contra la libertad de expresión y han anticipado que no acatarán la reforma a la ley.
Con el voto de 56 de 79 diputados presentes, de los 100 que integran el Congreso unicameral, los legisladores resolvieron demandar ante el Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad del decreto de Correa.
El Tribunal Constitucional es el máximo órgano que determina la legalidad de decisiones y resoluciones.